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AUTOS TRUCHOS Y EL DELITO DE ENCUBRIMIENTO

 
Desde hacía rato Juan (pobre Juan siempre lo meto en líos)
tenía intensiones de cambiar su autito por un modelo más
nuevo. Fue así que aprovechando un circunstancial viaje a
una ciudad vecina, vio en la calle uno con un tarrito en el
techo, el cual, a simple vista, era lo que buscaba. Luego
de una charla con el dueño del mismo que estaba en la
vereda, decidieron hacer negocio ya que el precio, si bien
no era regalado, no era exorbitante y en la vueltita que
dieron para probarlo se notaba que todo funcionaba bien. Al
otro día, Juan fue con la suma pactada y concretaron la
operación, firmándose como único comprobante, un boleto de
compraventa, entregándole el vendedor la tarjeta verde y el
título de propiedad. Así Juan empezó a circular en su nuevo
auto hasta que dos meses después de la operación, un
control caminero lo detuvo y le secuestró el auto porque el
mismo tenía las patentes y la numeración del motor y chasis
adulteradas, en tanto que la tarjeta verde y el título eran
apócrifos. O sea, era un auto “mellizo”, por lo que se le
inició una causa penal que culminó con su condena por el
delito de encubrimiento agravado por el ánimo de lucro, más
allá de que Juan juró y perjuró que había comprado el
automóvil de buena fe. Aunque cuando se intentó ubicar al
vendedor, el nombre, documento y domicilio que figuraban en
el boleto eran falsos.
El delito de encubrimiento por receptación significa que
alguien recibe una cosa sabiendo que proviene de un delito
(art. 277 inc. 1º pto. c) del Código Penal). Cómo evitar lo
que le pasó a Juan? Simple, en principio, cumplir con lo
que la ley exige, o sea, la transferencia del automóvil en
el registro correspondiente. Si por alguna circunstancia
esto no se hace, como mínimo, para acreditar la buena fe,
hay que hacer la verificación policial para descartar
alguna anomalía en las numeraciones de las patentes, motor
o chasis. Conviene también, asegurarse que no son falsos
los datos de quien figura como vendedor, así llegado el
caso, se puede recurrir a este para que efectúe las
aclaraciones pertinentes y deslinde responsabilidades. Si
esto no se hace, la mala fe se presume, corriéndose el
riesgo de verse perjudicado, no solamente patrimonialmente,
sino también, soportando una condena penal.
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