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FALSA DENUNCIA PENAL CONTRA EL INTENDENTE DE MONTE CASEROS


Carlos Fidel Soto, concejal del FPV de Eduardo Galantini se presentó a la Justicia para hacer una denuncia penal contra el intendente Miguel Ángel Olivieri por la recepción y malversación de fondos por más de 22 millones de pesos. La irresponsabilidad del concejal es que no chequeo que esos fondos nunca fueron girados todavía a las cuentas del municipio. Soto, como abogado y concejal por varios periodos no puede desconocer el procedimiento administrativo de solicitar via concejo deliberante, personalmente al intendente, prefirió concurrir a la Justicia penal. Galantini también habría asegurado en varios medios provinciales y locales que esos fondos fueron usados o malversados. Anoche los aspectos legales y formales de la prueba fueron presentados ante conferencia de prensa quedando claramente acreditado que esos fondos todavía no fueron girados a las arcas municipales y que la denuncia penal de Soto y de Galantini no tiene ningún sustento legal, y cae por la simple presentación de prueba en contra, como ocurrirá cuando se presente la documentación en la justicia.
Teniendo en cuenta que la denuncia falsa, es aquella denuncia en el que lo hechos no son verdaderos o no coinciden con la realidad, y por lo tanto podría configurar un delito por sí misma tipificado en varios artículos del código penal. Es sabido en el derecho que la propia torpeza no exime de la responsabilidad, máxime siendo el denunciador letrado y si se demuestra que las permanentes denuncias esconden motivos personales, por la doctrina de la real malicia -o sea que se denuncia con un fin de perjudicar a la otra parte, sabiendo que es falso lo denunciado- Por otra parte el daño, porque una denuncia falsa hace que la maquinaria judicial arranque en busca del “delincuente”, que la persona denunciada tenga que defenderse de la acusación falsa, con la consiguiente pérdida de tiempo y de dinero al estado. Amen del daño moral causado, como en este caso al intendente de Monte Caseros, que además de ser funcionario público, es un padre de familia, un vecino más, que se presentó a las elecciones y fue elegido intendente, con una amplia vasta trayectoria nada menos que como Contador Público Nacional.
Las continuas denuncias y burlas de Galantini contra todo funcionario municipal, desde un primer momento de la gestión Olivieri, tendrían el ánimo de descalificar e insultar como en este caso al intendente local, utilizando a la justicia, a medios y periodistas poco profesionales que no chequean la especie informativa, siendo también ellos parte de la maniobra descalificatoria, porque pueden preguntar al menos a la otra parte involucrada si es cierto o falso la información, chequear si esas partidas ya fueron acreditadas para el fin dispuesto para no ser parte del ardid descalificatorio. Lo que llama la atención es que siempre son los mismos actores involucrados en estas “falsas denuncia”: medios sospechados de ser financiados por el mismísimo Eduardo Galantini, que de algunos ya se ha convertido en panelista permanente. En lugar de dedicarse a liderar y organizar a un alicaído peronismo que viene de derrota en derrota, presentar propuestas superadoras que atraigan al electorado que ya le dio la espalda, ahora deberá recorrer los pasillos de los juzgados y además aclarar a la opinión publica su conducta de permanente actitud de mala fe y denuncias falsas.
Asistentes a la conferencia de prensa donde se presentó la documentación dando por tierra las denuncias falsas coincidieron en que “solo puede lograr algún protagonismo ante la opinión pública con estos efectos de denuncias con grandes titulares. Pero que no es bueno para la Democracia y la sana convivencia pacífica la permanente utilización de la justicia y de los medios. La Justicia debe poner un reparo ante las continuas “tomadas de pelo” de este sector político, con denuncias falsas, intentando utilizar a la justicia local, usándola políticamente para intentar manipular y confundir a la opinión pública. Resta ahora que el intendente agraviado demande vía penal a quién demando falsamente y exigir la reparación de daños. Demandar también por vía civil al falso demandante aludiendo como causa la protección del honor, la intimidad y la propia imagen, para que estas conductas antidemocráticas no se repitan como se vienen dando en los últimos años en Monte Caseros con denuncia penales.
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